Impuestos 2

Aumento de Impuestos por proyecto Ley que Fortalece Pilar Solidario de Pensiones

Por Miguel Guerrero

Abogado

El 20 de Septiembre de esta semana el Ejecutivo ha presentado el proyecto de Ley N° de Boletín 14588-13 que busca aumentar la cobertura del pilar solidario del 60% al 80% de la población beneficiaria, dándole urgencia de discusión inmediata.

Naturalmente, este loable objetivo tiene que ser financiado. Para este efecto se ha propuesto una serie de eliminaciones de exenciones tributarias que en la práctica son un aumento de impuestos.

Dentro de las exenciones a eliminar nos referiremos particularmente a las relativas al IVA, tanto en el mercado inmobiliario como en los servicios.

(i) Eliminación del crédito especial a las empresas constructoras

Las empresas constructoras tienen derecho a deducir del monto de sus pagos provisionales mensuales el 65% del débito del IVA que deban determinar en la venta de bienes inmuebles para habitación. Se encuentran beneficiados los inmuebles cuyo valor no exceda de UF 2.000 (60 millones aprox.), con un tope de hasta UF 225 por vivienda.

El beneficio también procede en las ventas exentas de IVA de inmuebles adquiridos por beneficiarios de subsidios habitacionales. En este caso el beneficio es equivalente a un 12,35% del valor de la venta.

Este proyecto de ley elimina este crédito especial para los contratos de construcción de inmuebles que se celebren y ventas que se realicen a contar del 1° de enero del año 2024, y reduce transitoriamente el monto que tendrán derecho a deducir de los pagos provisionales mensuales a un 32,5% del débito IVA y a un 6,175% del valor de la venta, respectivamente, aplicable a las ventas que se realicen y a los contratos de construcción de inmuebles que se celebren a contar del 1° de enero del año 2022.

En parte estos porcentajes muy seguramente serán traspasados a los clientes, siendo particularmente gravoso para las personas naturales que no pueden aprovechar créditos IVA.

(ii) Afectación con IVA a las prestaciones de servicios

La normativa actual contempla que sólo se encuentran gravados con IVA los servicios que provengan de las actividades señaladas en la propia ley entre las cuales se encuentran las actividades del comercio, industria, extractivas, entre otras. No se encuentra por lo tanto afectos a IVA los servicios profesionales, asesorías técnicas y consultorías.

El proyecto propone eliminar este beneficio para los servicios profesionales, técnicos o de consultoría, entre otros, cambiando la manera en que esa redactada la ley ya que ahora se propone que, por regla general, todos los servicios se encuentren afectos con IVA, salvo aquellos que se encuentren expresamente exentos.

La afectación con IVA regiría para los servicios que se presten a contar del 1° de enero del año 2022.

Por otra parte, se mantendría la exención a los servicios prestados por personas naturales, ya sea que se presten de manera independiente o en virtud de un contrato de trabajo. Adicionalmente, se incorpora expresamente que los servicios de salud se encuentren exentos de IVA al igual que servicios relativos a la educación y transporte.

Fomentos mal diseñados

Se ha dicho que se debe fomentar aquellos servicios que pueden entregar un mayor valor agregado, que crean empleo y que otorgan prestaciones que dan dinamismo a la economía como lo es particularmente la consultoría. Sin embargo, pareciera que esto no se entiende de igual manera por el Ejecutivo y lejos de impulsar la reactivación de un rubro de la economía que repercute positivamente en la industria, se busca aumentar sus costos.

Por otra parte, no es difícil imaginar que mucho de los servicios que se harían con facturas exentas, que en el futuro serán facturas gravadas, se hará mediante boleta de honorarios o bien que serán traspasado a costo beneficiando a aquellas empresas que por su propia naturaleza pueden comprar servicios con créditos y descargarla con sus propios débitos, situación que no es igual para todos los contribuyentes y que genera una natural discriminación, especialmente con las personas naturales que contratan servicios profesionales.